Políticas en Disputa: La Economía Política Detrás del Enfoque en la Inversión Extranjera Directa



La noción de que la Inversión Extranjera Directa (IED) es la única vía para el crecimiento económico en Ecuador no es una posición neutral ni desinteresada; está impregnada de disputas de poder e intereses particulares. En esta "batalla de ideas", la IED se ha impuesto como el factor principal de crecimiento, al igual que sucedió en los años 90 con las políticas del famoso "Consenso de Washington". Hoy, vuelve a ser considerado el "sentido común" en la formulación de políticas públicas. Pero, ¿a qué costo y con qué resultados?

La IED en Ecuador se concentra mayoritariamente en sectores extractivos como la minería, que no generan mucho empleo ni promueven la transferencia de tecnología—uno de los principales objetivos que los economistas del desarrollo atribuyen a la inversión extranjera. Además, estas actividades suelen tener impactos ambientales y sociales negativos, afectando a comunidades locales y al patrimonio natural del país. Este enfoque está sustentado en ideas preconcebidas que simplifican el análisis económico y perpetúan una visión dependiente y reduccionista de la economía nacional.


Para ilustrar esta situación, podemos utilizar la analogía de una joven que busca mejorar sus condiciones de vida. Según el discurso económico predominante, esta joven—representando a la economía nacional—debe "vestirse y arreglarse" de manera que llame la atención de hombres adinerados (empresas transnacionales y fondos de inversión, muchos de ellos especulativos). En este proceso, se le insta a sacrificar sus valores, su integridad física y moral, e incluso el bienestar de su familia (la sociedad ecuatoriana), con tal de atraer a estos pretendientes millonarios. No importa que tenga que desatender a su familia, renunciar a sus principios o comprometer su salud, siempre y cuando logre captar la atención de estos "hombres ricos".

Esto se traduce en la implementación de políticas que desfinancian sectores esenciales como la salud, la educación pública, las pensiones y los programas sociales, todo en nombre de crear "mejores condiciones" para la recepción de inversión extranjera. Se justifican reformas fiscales regresivas, flexibilización laboral y desregulación ambiental, con la esperanza de que los inversores extranjeros traigan consigo el tan anhelado crecimiento económico. Pero, ¿es justo sacrificar el bienestar de la mayoría por los intereses de unos pocos? ¿Es sostenible basar el desarrollo en un modelo que compromete la integridad y los valores fundamentales de la sociedad? ¿No estaremos hipotecando nuestro futuro por beneficios a corto plazo que no llegan a materializarse para la mayoría de la población?

Podrían acusarme de machista por utilizar esta analogía, pero fue precisamente el expresidente Guillermo Lasso quien la mencionó explícitamente durante su campaña presidencial en 2021. Este enfoque ha permeado el discurso político y económico en el país en los últimos años, pero ignora alternativas que podrían conducir a un desarrollo más equitativo y sostenible.

Economistas que proponemos enfoques diferentes sugerimos replantear esta analogía. En lugar de intentar atraer desesperadamente a estos pretendientes adinerados a cualquier costo, la joven debería enfocarse en mejorar sus propias capacidades. Esto implica invertir en su educación, desarrollar sus habilidades y aprovechar sus talentos naturales. Al hacerlo, podría competir por sí misma en el mundo laboral y adaptarse al mercado sin renunciar a su integridad ni sacrificar el bienestar de su familia.

Traducido al contexto económico, esto significa que el país debería centrarse en mejorar la productividad, desarrollar infraestructura, invertir en tecnología y fortalecer el talento humano. De esta manera, Ecuador podría aprovechar su contexto particular—como sus recursos naturales y biodiversidad—para integrarse al mercado internacional y a las cadenas de valor globales mediante exportaciones no tradicionales y productos semi-industrializados. Todo esto sin necesidad de desproteger su industria y el empleo nacional. ¿No sería este un camino más autónomo y sostenible hacia el desarrollo? ¿No permitiría esto conservar nuestra soberanía económica y proteger a nuestra sociedad de depender excesivamente de actores externos que pueden imponer condiciones desfavorables?

Con este enfoque, la economía nacional mejoraría sus condiciones de vida, preservaría su integridad y protegería a su "familia" de depender de un "sujeto externo" que podría condicionarla—por ejemplo, imponiendo políticas económicas bajo la amenaza de retirar capitales y generar crisis en la balanza de pagos. Este camino no está exento de desafíos, al igual que cualquier proceso de desarrollo. La joven puede no tener el capital inicial para invertir en su educación o adquirir la vestimenta adecuada para el mundo laboral—paralelo a la falta de ahorro fiscal para financiar proyectos de infraestructura en el país—lo que podría llevarla a buscar financiamiento externo.

Durante su trayectoria, las competencias laborales que adquiere pueden volverse obsoletas, requiriendo renovación y adaptación constante. Esto refleja la necesidad de que las políticas productivas sean dinámicas, apoyando a industrias nacientes más rentables y dejando de respaldar a aquellas que ya no lo son, especialmente en el mercado internacional. El contexto familiar y sentimental de la joven puede tener altibajos—vendrán líderes que intenten desmontar las políticas, implementar ajustes fiscales o cambiar las reglas del juego. Pero, ¿no es esto parte inherente de cualquier proceso de desarrollo?

A pesar de las dificultades, siempre será mejor contar con una política productiva, industrial y económica coordinada—aunque tenga fallas—que carecer de una estrategia clara. Este enfoque reconoce que ninguna visión y política planteada en economía está exenta de disputas de poder e intereses. En esta "batalla de ideas", la IED se ha impuesto como el factor principal de crecimiento, como lo hizo en los 90 con las políticas del "Consenso de Washington", y hoy vuelve a ser el "sentido común" en la formulación de políticas públicas. Sin embargo, los resultados han sido cuestionables.

Según la CEPAL, en la última década se ha ralentizado el crecimiento en América Latina, y la pobreza ya no disminuye como en periodos anteriores. Esto ha desembocado en crisis de inseguridad y migración. Pero muchos insisten en que esto se debe a que no se pusieron suficientes incentivos a las empresas transnacionales o que el ajuste fiscal no fue tan grande. ¿Seguiremos así o se interpondrán otras ideas? ¿No deberíamos cuestionar si queremos continuar por el mismo camino o si estamos dispuestos a explorar alternativas que prioricen el bienestar general y la soberanía económica?

Mientras tanto, países como China, Vietnam, Brasil y Costa Rica han adoptado estrategias diferentes. Han implementado políticas productivas, industriales y sociales que han logrado crecer, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Estos países han invertido en mejorar sus capacidades internas, fortaleciendo su infraestructura, promoviendo la innovación y protegiendo sus industrias nacionales. ¿Por qué no seguir ejemplos que han demostrado ser exitosos? ¿No es hora de replantear nuestras estrategias y considerar modelos que han mostrado resultados positivos?

Es crucial que los líderes políticos actuales y futuros consideren estas alternativas y actúen en consecuencia. La elección entre continuar con un modelo que ha mostrado sus limitaciones o adoptar uno más inclusivo y resiliente está en nuestras manos. Al priorizar políticas que fomenten el desarrollo interno, reduzcan la dependencia externa y aborden las necesidades reales de la población, podemos construir una economía más justa y sostenible.

En conclusión, es esencial replantear nuestras estrategias y preguntarnos: ¿Qué tipo de desarrollo queremos para Ecuador y quiénes deberían beneficiarse de él? La experiencia de otros países demuestra que es posible lograr crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida sin sacrificar la soberanía ni el bienestar social. Depende de nosotros decidir si continuamos por un camino que ha mostrado sus limitaciones o si optamos por construir un modelo más inclusivo y resiliente.

¿Estamos preparados para enfrentar los desafíos que implica este cambio de rumbo en busca de un futuro mejor para todos? La elección está en nuestras manos y el futuro de Ecuador depende de ella. Veremos cómo los próximos líderes políticos, o incluso los actuales, actúan ante esta encrucijada. Es momento de que otras ideas se interpongan y aporten soluciones que beneficien a la mayoría y no solo a unos pocos.

Este análisis clarifica que ninguna visión y políticas planteadas en economía están exentas de disputas de poder e intereses. La preponderancia de la IED como motor de crecimiento ha sido resultado de esta pugna ideológica y política. Sin embargo, los resultados muestran que es necesario reconsiderar esta postura y abrir espacio a alternativas que han demostrado ser efectivas en otros contextos.

La joven de nuestra analogía tiene la opción de continuar buscando la atención de pretendientes adinerados a costa de su integridad y bienestar familiar, o puede decidir invertir en sí misma, desarrollar sus habilidades y enfrentarse al mundo por sus propios medios. Del mismo modo, Ecuador puede optar por seguir dependiendo de la IED como única fuente de crecimiento, o puede elegir fortalecer sus capacidades internas y construir un futuro más sostenible y equitativo.

La pregunta final es: ¿Estamos dispuestos a tomar el control de nuestro propio destino económico y social, o seguiremos permitiendo que intereses externos determinen nuestro camino? La respuesta a esta pregunta determinará el rumbo que tome nuestro país en los años venideros y el legado que dejaremos a las futuras generaciones.

 Autor: Jorge Sarcos González

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